Podrían resarcir el daño a Jacinta

La Procuraduría General de la República (PGR) podría resarcir el daño que causó a la indígena Jacinta Francisco Marcial, al haber solicitado que se le iniciara proceso penal sin pruebas contundentes en el año 2006, y por ello haber pasado tres años en prisión.
Lo anterior, luego de que el nuevo titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, declarara en su primera conferencia de prensa que "habría que analizar" a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, "si una actuación de esta naturaleza configura algún tipo de responsabilidad y consecuentemente si debe resarcirse el daño que se le causó".
Esto, sin considerar que el pasado 22 de septiembre se dio a conocer de manera pública que el área jurídica de la PGR aseguró a la Cámara de Diputados a través de un oficio que era improcedente reparar el daño que le causó el encarcelamiento a la indígena otomí.
Jacinta Francisco, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara fueron acusadas del delito de secuestro en agravio de seis agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión, pero gracias a la apelación de la condena se pudo acreditar que el Ministerio Público la acusó sin pruebas plenas de su responsabilidad. Las otras indígenas siguen presas.

Gustavo Castillo García / La Jornada

Exige Jacinta a la PGR reconocer su inocencia

La indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que reconozca que ella es inocente porque es una "injusticia muy grave" que haya permanecido encarcelada durante tres años por un supuesto secuestro que no cometió.

En conferencia de prensa, junto con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano AC, Jacinta lamentó que la PGR no reconozca su error: "por eso dicen que sí me dejó (en libertad), pero haz de cuenta que todavía soy siendo investigada."
Por ello pidió a la procuraduría, a jueces y magistrados que "chequen bien los expedientes y que vean bien, porque a veces las pruebas eran a favor mío y todos agarraban en contra para que me sentenciaran a los 21 años (de prisión), y se darán cuenta de que no hubo ningún secuestro".
Asimismo, pidió la libertad de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes continúan encarceladas por la misma causa que se le siguió a ella.
En “cada Cereso (Centro de Readaptación Social) –afirmó– hay un caso igual de mujeres encarceladas injustamente por miedo a hablar, por no entender su lengua natal, y eso es injusto”.
Leopoldo Maldonado, abogado del Agustín Pro Juárez, anunció que continuarán exigiendo la reparación del daño que se ocasionó a Jacinta Francisco Marcial al haberla recluido tres años en prisión, pese a que nunca se demostró que hubiese incurrido en el delito de secuestro.
Añadió que la postura de la PGR de no reconocer la inocencia denota desconocimiento del órgano encargado de procurar justicia, pues ya se probó que el proceso jurídico contra la señora Francisco estuvo "plagado de irregularidades".
Por consiguiente, dijo, "la pelota está en la cancha de la PGR", ya que es la encargada de comprobar la responsabilidad penal de cualquier persona.
"El Estado tiene que reconocer públicamente que cometió un error, que sus agentes incurrieron en irresponsabilidades, que la persona inculpada por ese grave delito es inocente y debe ofrecerle disculpas públicas", expresó.
Maldonado indicó que la PGR tiene que iniciar procedimientos administrativos y penales contra los agentes federales que acusaron injustamente a Jacinta, además de aceptar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso.
Consideró que la postura de la PGR es dolosa y que actúa por desconocimiento del principio de presunción de inocencia, pues deberían ser expertos en la materia por ser los encargados de procurar justicia; sin embargo, "creemos que esto es un poquito para generar confusión y distraer la atención del caso de Alberta y Teresa", concluyó.

Mariana Chávez / La Jornada

Descarta la PGR reparar los daños causados a la indígena Jacinta Francisco

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Cámara de Diputados que la otomí Jacinta Francisco Marcial fue liberada sólo porque no hubo prueba plena del delito de secuestro contra agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), pero no significa que sea inocente.
Por ello, resulta "notoriamente improcedente" la reparación del daño en favor de Francisco Marcial, señaló la PGR en un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña.
La procuraduría aseguró que se privilegió, en este caso, el principio de la duda en favor del reo, lo cual permitió la liberación de Francisco Marcial la madrugada del 16 de septiembre del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro. La PGR también aseguró que por el momento no existe duda razonable que pueda permitir la liberación de las otras dos coacusadas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Las tres fueron consignadas por los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago de Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la AFI supuestamente fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 y 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos, ante los daños que causaron a tianguistas.
Por ello se inició la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/ 064/2006, por la que se ejerció acción penal contra varias personas, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.
El oficio responde a un punto de acuerdo de la cámara, que solicitó sobreseer la causa contra Jacinta Francisco, Alcántara Juan y González Cornelio, así como la reparación del daño.
El documento señala que la reposición del procedimiento ordenado por el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito a favor de Francisco Marcial no obedeció a "la existencia de indebida actividad ministerial o judicial", sino únicamente a "cuestiones de derecho y formalidades en el proceso".
De ahí que el magistrado encargado de la causa, agregó, "bajo ninguna circunstancia admitió que las procesadas no fueran penalmente responsables de los delitos por los que se les acusó", precisa el oficio publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria.
La presentación de conclusiones no acusatorias por parte del MPF a favor de Francisco Marcial, abunda la PGR, obedece al principio in dubio pro reo, el cual señala que si existe una duda, "por mínima que sea", respecto a la responsabilidad penal de un acusado, debe ser absuelto.
Pero ello no significa, continúa, "que se haya demostrado en el caso concreto la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos" por los que se le mantuvo presa durante tres años.
De lo anterior, insiste, se desprende que "definitivamente no procede que se le reparen los daños", aunque la PGR reconoce que Jacinta puede intentar las acciones legales para ello, si bien lo considera "notoriamente improcedente".

R. Garduño y E. Méndez / La Jornada

Las otras Jacintas

Imagine que durante tres años de su vida lo recluyen en una celda por un delito que no cometió. Y después de ese tiempo, simplemente le piden disculpas y le dejan en libertad. ¿Punto final?
No debería de ser, al contrario, ese caso seriviría para exigir responsabilidades al Estado. El caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo del fracaso judicial. Fue liberada después de tres años con un “disculpe”. Ni siquiera han sido capaces de otorgarle una indemnización como reparación del daño ocasionado. Lo que le pasó a Jacinta es sintomático del maltrecho Estado de derecho que padecemos. Es una víctima más del sistema judicial mexicano que aplica una endémica discriminación contra pobres, indígenas y todo ciudadano en condición de vulnerabilidad a la hora de “impartir justicia”.
No es la única víctima. Junto a ella fueron condenadas a 21 años de prisión otras dos mujeres bajo los mismos cargos de secuestro a seis policías. Se trata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ambas presas en el penal de San José El Alto, en Querétaro.
Alberta y Teresa son las “otras Jacintas” que exhiben la podredumbre de la procuración de justicia en el país: fabricación de delitos, pruebas y testigos, corrupción de jueces y ministerios públicos, prepotencia de policías, irregularidades en la averiguación previa… en fin, uno se pregunta dónde está el CIDE de Ricardo Raphael para defender a estas víctimas del debido proceso.
Los tres años que Jacinta pasó en la cárcel significan un ataque a la democracia y, por tanto, es necesario deslindar responsabilidades para quienes infringen la ley con total impunidad desde el Estado sean llevados a juicio y severamente sancionados. Por supuesto, esto es imposible debido a que vivimos en México, el país del nunca pasa nada.
Cualquier persona con sentido común pensaría que al liberar a Jacinta se liberaría también a Alberta y Teresa, pero no fue así. Las tres fueron detenidas en un operativo antipiratería en el mercado de Santiago Mexquititlán. Los policías causaron daños a la mercancía de los vendores y fueron retenidos para luego ser liberados. A las tres se les condenó por la fotografía publicada en un periódico local. Fue la única prueba “contundente” expuesta para imputarles el secuestro de los seis policías.
El proceso estuvo lleno de irregularidades. Ninguna domina el castellano, ya que son otomíes y hablan ñañú. Nunca tuvieron un intérprete que les explicara porque las metieron presas y luego las condenaron. Jacinta ha recordado que ni siquiera entendía lo que quería decir “secuestro”.
Los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encabezaron una intensa campaña a favor de las indígenas y lograron internacionalizar el asunto. Fue gracias a la gestión de éstos que finalmente Jacinta pudo ser liberada. Sin la presión mediática, ni la de las organizasiones no gubernamentales en defensa de las libertades civiles, Jacinta seguiría recluida injustamente en una cárcel mexicana.
Las autoridades mexicanas no han rectificado su error al liberar a Jacinta. No se equivoqen. No basta un “discúlpenos”. Se necesita que las tres sean declaradas inocentes. Las tres merecen más que una disculpa. ¡Merecen justicia!

Sanjuana Martínez

Tras 3 años de prisión, liberan a indígena otomí Jacinta Francisco

Jacinta Francisco Marcial encarcelada durante tres años por presuntamente secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), obtuvo su libertad la madrugada de este martes, luego de que el Juzgado cuarto de distrito con sede en la capital queretana, cerró la instrucción el lunes pasado para ya no recibir más elementos de prueba como parte del proceso jurídico.
Al filo de la una de la mañana de este martes, Jacinta Francisco salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto acompañada de algunos de sus familiares y abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez que asumió su defensa legal.
El titular del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano, Bernardo Romero Vázquez, indicó que la defensa legal de Jacinta recibió la notificación del Juzgado cuarto de distrito sobre la liberación de la indígena ñañú al filo de la media noche.
Señaló que en el transcurso del martes pasado, el juzgado recibió de parte de la Procuraduría General de la epública las conclusiones no acusatorias en contra de Jacinta Francisco, por lo que fue liberada.
Tras salir del Cereso, Jacinta Francisco no hizo declaración alguna y fue trasladada a u domicilio particular en la omunidad de Santiago Mezquititlán en el municipio de Amealco.
Será el jueves próximo, cuando Jacinta Francisco de testimonio de lo ocurrido durante tres años de encarcelamiento por el delito de secuestro del cual no se le comprobó, en una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.
Jacinta Francisco fue acusada de secuestro luego de que elementos de la AFI arribaron a la citada comunidad para realizar un operativo de decomiso de piratería ocasionando destrozos. Ante la molestia de los lugareños los agentes ofrecieron pagar 70 mil pesos para reponer el daño, para luego señalar que habían sido secuestrados.
Tras este hecho, Jacinta fue sentenciada a 21 años e prisión por el juez cuarto de distrito Rodolfo Pedraza Longi. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, intervino como defensa legal de la acusada y demostró que no existían pruebas contundentes en contra de la indígena por lo que el Poder Judicial ordenó reponer el caso pero con el mismo juez para que se presentaran nuevos elementos de prueba.
El lunes pasado concluyó la fase de presentación de pruebas con una serie de careos en el que participó Jacinta Francisco, elementos de la AFI y algunos lugareños, aunque desde el 3 de septiembre pasado la PGR dio a conocer su conclusión no acusatoria en contra de la indígena.

Mariana Chávez | La Jornada