Mafalda, una pequeña niña de 50 años

Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, dibujó por primera vez a Mafalda un 15 de marzo de 1962, por lo que esta pequeñita cumplirá mañana 50 años en los que se ha convertido en uno de los personajes más populares de la cultura de argentina, aunque, en realidad, el personaje estaba destinado a ser publicidad subliminal de una marca de electrodomésticos.
“La Mafalda es un dibujo, no es una persona de carne y hueso, pero a veces me tratan como si hace 26 años hubiera matado a un grupo de nueve personas, los nueve personajes de la tira. A veces me tratan como si fuera un asesino”, señaló Quino en 1999.
A través de los diez libros de Mafaldase busca exhibir las fallas del gobierno de Argentina y del mundo de mediados de los años 60 y principios de los 70; en ellos, vemos a una niña que filosofa sobre la humanidad y la paz mundial.

Quino la dibujó por primera vez el 15 de marzo de 1962. Hoy, su culto sigue reinando tras 50 años.

Toda historieta señala que Mafalda es una nena terrible, nacida de una típica familia de Buenos Aires de clase media.
La pequeña va a la escuela y, en verano, cuando le salen las cuentas a su papá, va de vacaciones. Pero Mafalda no es una niña como otra cualquiera. Humilde y comprometida con las etnias, le preocupa el mundo y no entiende como los adultos pueden ser tan complicados.

Aquí algunas de las frases de Mafalda:

“A medio mundo le gustan los perros; y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau”.

“Una cosa es un país independiente y otra un país in the pendiente”.

“¡Es terrible ver que a la gente le importa más cualquier serie de T.V. que el lío de Vietnam!”.

“Si vivir es durar, prefiero una canción de los Beatles a un Long Play de los Boston Pops”.

“Las situaciones embarazosas… ¿Las trae la cigueña?…”.

Acá la rolita que Miguel de la agrupación Sexual Democracia hizo a Mafalda.

Malena Durán ''La primera lluvia del año''

"Sucumben los sentidos en el vuelo de su voz;
plenitud de altas notas y graves emociones que nos trastocan y estremecen..."
Andrés Silva Piotrowsky.

El pasado 17 de julio se presentó Malena Durán en la Galería-Café La Ronda. Durán intérprete mexicana nacida en Toluca, Estado de México, ha desarrollado una importante trayectoria artística participando en diversos proyectos musicales que transitan desde el rock y el blues, hasta el bolero, lo afroantillano y por supuesto, la música tradicional mexicana.
La intérprete toluqueña estuvo acompañada de un equipo de extraordinarios músicos: Juan Cristóbal Pérez Grobet, Leo Soqui, Paty Piñón, Omar Guzmán y Jorge Buenfil.
En la presentación se interpretaron canciones del álbum La primera lluvia del año y de Ya es tiempo, primer material discográfico de Durán, asimismo se disfrutó de melodías de la nueva trova contemporánea mexicana de la mano de Jorge Buenfil.
La primera lluvia del año, producido por Omar Guzmán, está conformado por 14 poemas del fallecido poeta Jaime Sabines (1926-1999) y musicalizado a ritmo de blues, música tradicional mexicana, sones y boleros. Dicho material discográfico cuenta con la participación de compositores de talla nacional e internacional como David Haro, Pepe Elorza, Omar Guzmán, Jorge Buenfil y David Aguilar.
En entrevista previa con La Voladora Radio, la intérprete indicó que para la selección de los poemas de La primera lluvia del año se inició con 120 poemas musicalizados y de allí “fue escoger primero cuales estaban mejor estructurados, cuales eran los que podía yo decir de mejor manera, con cuales podía sentirme más cómoda a la hora de interpretar, también se buscó un balance, no podía ir cargado hacia una sola parte de la historia de Don Jaime, en este disco quisimos que hubiera un abanico de su historia en las letras” señaló Malena.
Durán aseguró que la idea siempre fue encontrar en la propia palabra del poeta la música de tal forma que para arreglar las canciones, la música fue adaptada a la poesía y no al revés; confirmó que los poemas están respetados al máximo, salvo en Lento amargo animal, poema en el que hicieron una adaptación, a cargo de Pepe Elorza, de dos o tres versos, pero sin quitar la esencia del poema.
La primera lluvia del año se editó el año pasado con el apoyo del gobierno del estado de Chiapas, contienen temas como Horal, Lento amargo animal, La primera lluvia del año, Te desnudas igual, A estas horas, aquí, La cojita está embarazada, Ay, Tarumba, entre otras melodías.

Para poder escuchar la entrevista con Malena Durán da clic aquí.

Rocio Castillo / La Voladora Radio

Se hizo justicia a Alberta y Teresa: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que se hizo justicia en el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, luego de la resolución que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que el Máximo Tribunal del país ordenó la liberación inmediata de las indígenas por considerar que no se comprobó la acusación que fue formulada en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR), quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

A través de un comunicado, el organismo encabezado por el ombudsman Raúl Plascencia se dijo complacido por esta decisión, debido a que "marca un precedente en la defensa de los derechos humanos".

La CNDH recordó que sobre este caso, emitió la Recomendación 47/2009 donde manifestó que no se habían encontrado elementos de juicio suficientes para demostrar los delitos que se les imputaban. Además, detalló que ha solicitado la reparación del daño.

Miguel Sosa / El Universal

Ordena SCJN inmediata libertad de las indígenas otomíes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de las indígenas Alberta Alcantara y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a cuatro elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, debido a inconsistencias en el proceso penal.

Por unanimidad, la Primera Sala del Alto Tribunal respaldó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero de absolver a estas dos mujeres de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delito contra sevidores públicos, y una de ellas por delitos contra la salud.

Teresa y Alberta fueron arrestadas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial –quien ya fue liberada–, bajo cargos de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

El dictamen de Sánchez Cordero concluyó que hay elementos suficientes, desde fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas en perjuicio de ambas indígenas, para revocar la sentencia del juzgado cuarto de distrito de procesos penales en Querétaro, que las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Por: Notimex

Podrían resarcir el daño a Jacinta

La Procuraduría General de la República (PGR) podría resarcir el daño que causó a la indígena Jacinta Francisco Marcial, al haber solicitado que se le iniciara proceso penal sin pruebas contundentes en el año 2006, y por ello haber pasado tres años en prisión.
Lo anterior, luego de que el nuevo titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, declarara en su primera conferencia de prensa que "habría que analizar" a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, "si una actuación de esta naturaleza configura algún tipo de responsabilidad y consecuentemente si debe resarcirse el daño que se le causó".
Esto, sin considerar que el pasado 22 de septiembre se dio a conocer de manera pública que el área jurídica de la PGR aseguró a la Cámara de Diputados a través de un oficio que era improcedente reparar el daño que le causó el encarcelamiento a la indígena otomí.
Jacinta Francisco, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara fueron acusadas del delito de secuestro en agravio de seis agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión, pero gracias a la apelación de la condena se pudo acreditar que el Ministerio Público la acusó sin pruebas plenas de su responsabilidad. Las otras indígenas siguen presas.

Gustavo Castillo García / La Jornada

Exige Jacinta a la PGR reconocer su inocencia

La indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que reconozca que ella es inocente porque es una "injusticia muy grave" que haya permanecido encarcelada durante tres años por un supuesto secuestro que no cometió.

En conferencia de prensa, junto con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano AC, Jacinta lamentó que la PGR no reconozca su error: "por eso dicen que sí me dejó (en libertad), pero haz de cuenta que todavía soy siendo investigada."
Por ello pidió a la procuraduría, a jueces y magistrados que "chequen bien los expedientes y que vean bien, porque a veces las pruebas eran a favor mío y todos agarraban en contra para que me sentenciaran a los 21 años (de prisión), y se darán cuenta de que no hubo ningún secuestro".
Asimismo, pidió la libertad de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes continúan encarceladas por la misma causa que se le siguió a ella.
En “cada Cereso (Centro de Readaptación Social) –afirmó– hay un caso igual de mujeres encarceladas injustamente por miedo a hablar, por no entender su lengua natal, y eso es injusto”.
Leopoldo Maldonado, abogado del Agustín Pro Juárez, anunció que continuarán exigiendo la reparación del daño que se ocasionó a Jacinta Francisco Marcial al haberla recluido tres años en prisión, pese a que nunca se demostró que hubiese incurrido en el delito de secuestro.
Añadió que la postura de la PGR de no reconocer la inocencia denota desconocimiento del órgano encargado de procurar justicia, pues ya se probó que el proceso jurídico contra la señora Francisco estuvo "plagado de irregularidades".
Por consiguiente, dijo, "la pelota está en la cancha de la PGR", ya que es la encargada de comprobar la responsabilidad penal de cualquier persona.
"El Estado tiene que reconocer públicamente que cometió un error, que sus agentes incurrieron en irresponsabilidades, que la persona inculpada por ese grave delito es inocente y debe ofrecerle disculpas públicas", expresó.
Maldonado indicó que la PGR tiene que iniciar procedimientos administrativos y penales contra los agentes federales que acusaron injustamente a Jacinta, además de aceptar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso.
Consideró que la postura de la PGR es dolosa y que actúa por desconocimiento del principio de presunción de inocencia, pues deberían ser expertos en la materia por ser los encargados de procurar justicia; sin embargo, "creemos que esto es un poquito para generar confusión y distraer la atención del caso de Alberta y Teresa", concluyó.

Mariana Chávez / La Jornada

Descarta la PGR reparar los daños causados a la indígena Jacinta Francisco

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Cámara de Diputados que la otomí Jacinta Francisco Marcial fue liberada sólo porque no hubo prueba plena del delito de secuestro contra agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), pero no significa que sea inocente.
Por ello, resulta "notoriamente improcedente" la reparación del daño en favor de Francisco Marcial, señaló la PGR en un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña.
La procuraduría aseguró que se privilegió, en este caso, el principio de la duda en favor del reo, lo cual permitió la liberación de Francisco Marcial la madrugada del 16 de septiembre del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro. La PGR también aseguró que por el momento no existe duda razonable que pueda permitir la liberación de las otras dos coacusadas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Las tres fueron consignadas por los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago de Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la AFI supuestamente fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 y 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos, ante los daños que causaron a tianguistas.
Por ello se inició la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/ 064/2006, por la que se ejerció acción penal contra varias personas, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.
El oficio responde a un punto de acuerdo de la cámara, que solicitó sobreseer la causa contra Jacinta Francisco, Alcántara Juan y González Cornelio, así como la reparación del daño.
El documento señala que la reposición del procedimiento ordenado por el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito a favor de Francisco Marcial no obedeció a "la existencia de indebida actividad ministerial o judicial", sino únicamente a "cuestiones de derecho y formalidades en el proceso".
De ahí que el magistrado encargado de la causa, agregó, "bajo ninguna circunstancia admitió que las procesadas no fueran penalmente responsables de los delitos por los que se les acusó", precisa el oficio publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria.
La presentación de conclusiones no acusatorias por parte del MPF a favor de Francisco Marcial, abunda la PGR, obedece al principio in dubio pro reo, el cual señala que si existe una duda, "por mínima que sea", respecto a la responsabilidad penal de un acusado, debe ser absuelto.
Pero ello no significa, continúa, "que se haya demostrado en el caso concreto la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos" por los que se le mantuvo presa durante tres años.
De lo anterior, insiste, se desprende que "definitivamente no procede que se le reparen los daños", aunque la PGR reconoce que Jacinta puede intentar las acciones legales para ello, si bien lo considera "notoriamente improcedente".

R. Garduño y E. Méndez / La Jornada

Las otras Jacintas

Imagine que durante tres años de su vida lo recluyen en una celda por un delito que no cometió. Y después de ese tiempo, simplemente le piden disculpas y le dejan en libertad. ¿Punto final?
No debería de ser, al contrario, ese caso seriviría para exigir responsabilidades al Estado. El caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo del fracaso judicial. Fue liberada después de tres años con un “disculpe”. Ni siquiera han sido capaces de otorgarle una indemnización como reparación del daño ocasionado. Lo que le pasó a Jacinta es sintomático del maltrecho Estado de derecho que padecemos. Es una víctima más del sistema judicial mexicano que aplica una endémica discriminación contra pobres, indígenas y todo ciudadano en condición de vulnerabilidad a la hora de “impartir justicia”.
No es la única víctima. Junto a ella fueron condenadas a 21 años de prisión otras dos mujeres bajo los mismos cargos de secuestro a seis policías. Se trata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ambas presas en el penal de San José El Alto, en Querétaro.
Alberta y Teresa son las “otras Jacintas” que exhiben la podredumbre de la procuración de justicia en el país: fabricación de delitos, pruebas y testigos, corrupción de jueces y ministerios públicos, prepotencia de policías, irregularidades en la averiguación previa… en fin, uno se pregunta dónde está el CIDE de Ricardo Raphael para defender a estas víctimas del debido proceso.
Los tres años que Jacinta pasó en la cárcel significan un ataque a la democracia y, por tanto, es necesario deslindar responsabilidades para quienes infringen la ley con total impunidad desde el Estado sean llevados a juicio y severamente sancionados. Por supuesto, esto es imposible debido a que vivimos en México, el país del nunca pasa nada.
Cualquier persona con sentido común pensaría que al liberar a Jacinta se liberaría también a Alberta y Teresa, pero no fue así. Las tres fueron detenidas en un operativo antipiratería en el mercado de Santiago Mexquititlán. Los policías causaron daños a la mercancía de los vendores y fueron retenidos para luego ser liberados. A las tres se les condenó por la fotografía publicada en un periódico local. Fue la única prueba “contundente” expuesta para imputarles el secuestro de los seis policías.
El proceso estuvo lleno de irregularidades. Ninguna domina el castellano, ya que son otomíes y hablan ñañú. Nunca tuvieron un intérprete que les explicara porque las metieron presas y luego las condenaron. Jacinta ha recordado que ni siquiera entendía lo que quería decir “secuestro”.
Los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encabezaron una intensa campaña a favor de las indígenas y lograron internacionalizar el asunto. Fue gracias a la gestión de éstos que finalmente Jacinta pudo ser liberada. Sin la presión mediática, ni la de las organizasiones no gubernamentales en defensa de las libertades civiles, Jacinta seguiría recluida injustamente en una cárcel mexicana.
Las autoridades mexicanas no han rectificado su error al liberar a Jacinta. No se equivoqen. No basta un “discúlpenos”. Se necesita que las tres sean declaradas inocentes. Las tres merecen más que una disculpa. ¡Merecen justicia!

Sanjuana Martínez

Tras 3 años de prisión, liberan a indígena otomí Jacinta Francisco

Jacinta Francisco Marcial encarcelada durante tres años por presuntamente secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), obtuvo su libertad la madrugada de este martes, luego de que el Juzgado cuarto de distrito con sede en la capital queretana, cerró la instrucción el lunes pasado para ya no recibir más elementos de prueba como parte del proceso jurídico.
Al filo de la una de la mañana de este martes, Jacinta Francisco salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto acompañada de algunos de sus familiares y abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez que asumió su defensa legal.
El titular del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano, Bernardo Romero Vázquez, indicó que la defensa legal de Jacinta recibió la notificación del Juzgado cuarto de distrito sobre la liberación de la indígena ñañú al filo de la media noche.
Señaló que en el transcurso del martes pasado, el juzgado recibió de parte de la Procuraduría General de la epública las conclusiones no acusatorias en contra de Jacinta Francisco, por lo que fue liberada.
Tras salir del Cereso, Jacinta Francisco no hizo declaración alguna y fue trasladada a u domicilio particular en la omunidad de Santiago Mezquititlán en el municipio de Amealco.
Será el jueves próximo, cuando Jacinta Francisco de testimonio de lo ocurrido durante tres años de encarcelamiento por el delito de secuestro del cual no se le comprobó, en una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.
Jacinta Francisco fue acusada de secuestro luego de que elementos de la AFI arribaron a la citada comunidad para realizar un operativo de decomiso de piratería ocasionando destrozos. Ante la molestia de los lugareños los agentes ofrecieron pagar 70 mil pesos para reponer el daño, para luego señalar que habían sido secuestrados.
Tras este hecho, Jacinta fue sentenciada a 21 años e prisión por el juez cuarto de distrito Rodolfo Pedraza Longi. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, intervino como defensa legal de la acusada y demostró que no existían pruebas contundentes en contra de la indígena por lo que el Poder Judicial ordenó reponer el caso pero con el mismo juez para que se presentaran nuevos elementos de prueba.
El lunes pasado concluyó la fase de presentación de pruebas con una serie de careos en el que participó Jacinta Francisco, elementos de la AFI y algunos lugareños, aunque desde el 3 de septiembre pasado la PGR dio a conocer su conclusión no acusatoria en contra de la indígena.

Mariana Chávez | La Jornada

En una inédita decisión la Corte libera a sentenciados por Acteal

Y pasó. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México resuelve que otorga amparo a 26 indígenas sentenciados por el asesinato de 45 personas en la comunidad de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Un triunfo de la justicia según los abogados defensores pertenecientes al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), algo que sentará precedente en México frente a las injusticias que sufren los pueblos indígenas mexicanos. Con esta resolución se pone fin a los más de once años de prisión que estas personas sufrían por su participación en la masacre llevada a cabo en la comunidad de Acteal en los Altos de Chiapas. Participación que no se niega en el fallo dictado por los ministros, como ellos mismos se justifican: "El fallo no implica que sean inocentes". Lo que se juzgó es el proceso de encarcelación. Un triunfo de la justicia según un grupo de intelectuales que desde 2006 recuperan informes y vuelven a contrastar las declaraciones de los acusados para plantear nuevas hipótesis donde no sólo los agresores queden absueltos mediáticamente, sino que se culpabilice a los que sufrieron las agresiones. Un triunfo de la justicia que celebran agentes políticos y militares de Chiapas y México, por hacer valer el estado de derecho, por devolver la confianza a las instituciones públicas y no pagar una grave injusticia (Masacre de Acteal) con otra (error en el proceso judicial). Un triunfo de la justicia que olvida, quien sabe si por ciega o por interesada, algunos detalles.



Once años y ocho meses después del asesinato de 45 personas mientras hacían ayuno y oración pidiendo por la paz en su región se olvida el por qué de sus muertes. El por qué esa mañana bajaron de comunidades vecinas personas con armas de alto calibre y acribillaron a dieciseis menores, veinte mujeres (siete de ellas embarazadas) y nueve hombres. Se olvida que personas de Acteal, para sobrevivir, tuvieron que fingir su muerte entre los cuerpos sin vida de sus familiares y amigos y durante varias horas escucharon y vieron a sus agresores, los mismos que durante los meses previos los amenazaron, quemaron sus casas, los obligaron a salir de sus comunidades, emboscadas, secuestros, torturas. Se olvida la pertenencia de estas personas a grupos armados de "autodefensa" contrarios a comunidades simpatizantes del zapatismo. Grupos que disfrutaban de la complacencia de autoridades políticas y militares. Se olvida que esta complacencia llegaba más allá de las sonrisas y buenos modos: venta de armas, entrenamiento militar, disfrute de vehículos e instalaciones, coordinación de acciones violentas. Se olvida que Julio César Ruíz Fierro, gobernador de Chiapas durante la masacre, declaró: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, al que pertenece Acteal) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, y en efecto envió a sus agentes para no sólo levantar los cuerpos sino desmontar toda la escena del crimen antes de que llegaran los medios de comunicación. Se olvida el miedo de los gobernantes locales, estatales y federales de México al crecimiento del movimiento zapatista y sus exigencias de justicia y dignidad en las comunidades. Se olvida la militarización de Chiapas y de los mil y un recursos inventados por las autoridades para frenar la construcción de autonomía del proyecto zapatista dentro de un plan de contrainsurgencia heredero de años de dictaduras militares en el continente. Se olvida que hoy día continúa esa situación. Se olvida o no se quiere ver. No se quiere ver para que se olvide. Se olvide para perpetuar la impunidad.



No se puede olvidar un crímen de estado, que se materializó a través de grupos paramilitares que a día de hoy siguen recibiendo armas y formación por parte del gobierno, que continúan con las agresiones y que son jaleados con la liberación de sus compañeros acusados por testigos presenciales de la masacre. No podemos olvidar los intereses de paramilitares y políticos en una de las zonas más ricas en recursos naturales de todo el territorio mexicano, no podemos olvidar las vidas que se llevaron brutalmente en pos de sus intereses. No podemos olvidar ni dejar de ver las consecuencias que traerá este futuro donde la impunidad se confunde con el triunfo de la justicia, y donde nuestro silencio resulta más atroz que las peores masacres.

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